Por Abog. Sandra Paris*
En los autos caratulados “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – Dto. 759/25 s/ inc. de medida cautelar”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó, el pasado 25 de junio de 2026, un fallo que reafirma un principio fundamental para el Estado de Derecho: la ley se cumple.
Por unanimidad, los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti rechazaron el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que ordena dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Asimismo, desestimaron el planteo formulado por el Poder Ejecutivo para que los propios jueces se apartaran de la causa por su condición de docentes universitarios, un intento muy débil para cambiar el eje del debate.
El sistema universitario no realizó un reclamo corporativo ni sectorial, sino un reclamo por el efectivo cumplimiento de una ley votada por el Congreso Nacional en seis oportunidades e insistida tras el veto presidencial. Fue sostenido en la calle por estudiantes, docentes, no docentes, graduados y la sociedad en general. El reclamo fue tan simple como elemental: que las aulas tengan luz para dictar clases, que los laboratorios universitarios funcionen y que quienes trabajamos como docentes o no docentes podamos vivir de nuestro trabajo. Se realizaron cuatro marchas federales, clases públicas en las calles, semanas de paro docente, tomas de colegios y muchas otras medidas de protesta.
La ley cuyo cumplimiento confirmó la Justicia establece la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios mediante la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria, con incrementos vinculados a la evolución de la inflación. También dispone la recomposición de las becas estudiantiles y la ampliación progresiva de su alcance, garantizando que más estudiantes puedan acceder y sostener sus trayectorias educativas.
El Gobierno nacional, días antes —exactamente el 10 de junio de 2026—, había tenido que sentarse a firmar un acta comprometiéndose a un incremento salarial y de las partidas de funcionamiento. Días después, llegó la Justicia a confirmar un camino que la lucha colectiva ya había comenzado a torcer.
Desde la gestión de la Universidad Nacional de La Plata, este fallo nos encuentra en el lugar en el que siempre estuvimos: defendiendo una universidad pública, no arancelada y cogobernada, no como una consigna histórica, sino como una construcción concreta que debemos sostener todos los días con presupuesto, salarios dignos y condiciones adecuadas para enseñar, aprender e investigar.
La universidad produce conocimiento y lo pone al servicio de la sociedad a través de la formación de profesionales, de la investigación científica y de la extensión universitaria. Ese conocimiento llega a los territorios, a las instituciones y a la comunidad por medio de sus graduados, de sus docentes, de sus investigadores y de las múltiples acciones que la universidad desarrolla cotidianamente.
La gratuidad o el no arancelamiento no es simplemente un eslogan. Es la razón por la cual miles de jóvenes de La Plata, de distintos puntos de nuestro país y también del exterior pueden estudiar sin que la situación económica de sus familias determine su futuro.
Este fallo es sumamente importante porque, más allá de sus efectos económicos inmediatos, constituye un precedente institucional. Envía un mensaje claro al Poder Ejecutivo sobre los límites del veto y sobre la obligación de ejecutar las leyes que sanciona el Congreso Nacional. También reafirma un principio básico de nuestro orden jurídico: las leyes son obligatorias desde su entrada en vigencia y deben ser cumplidas.
Desde la UNLP reivindicamos, una vez más, el rol de la universidad pública como impulsora de la movilidad social, productora de conocimiento científico y espacio donde la comunidad educativa decide democráticamente sus rumbos.
La Corte confirmó que la ley debe cumplirse.
A nosotros, como comunidad universitaria, nos toca seguir exigiendo que ese principio se traduzca en hechos: en becas que permitan sostener una carrera universitaria, en laboratorios que funcionen, en salarios dignos y en una universidad que siga siendo, como desde 1918, pública, gratuita, cogobernada y de calidad.
- Secretaria de Relaciones Institucionales – Universidad Nacional de La Plata
Fuente: Universidad Nacional de La Plata