Por Gerardo Campidoglio*
Hay una diferencia, elemental pero decisiva, entre lo que está oculto y lo que simplemente no se ha querido mirar. Toda acusación que suponga que la administración de la Universidad Nacional de La Plata transcurre “en las sombras” reposa sobre la confusión de esos dos estados. Y la confusión no es inocente: es lo que queda cuando se deja de investigar y se empieza a sugerir.
Los actos de administración de una institución pública, sus contrataciones, sus convenios, la rendición de sus cuentas, no son un secreto que aguarda el gesto valiente de alguien para salir a la luz. Son un registro. Desde 2018, la ordenanza 293 del Consejo Superior reglamenta la Ley 27.275 de acceso a la información pública en todo el ámbito de la Universidad. Los convenios se publican en su Boletín Oficial porque, sin esa publicación, carecen de validez. Esta concesión no es arrancada bajo presión, es el requisito que los hace nacer. A ello se suma, desde hace más de ocho años, un portal de transparencia que cualquier ciudadano consulta sin pedir permiso ni justificar su interés. Lo que se describe como penumbra es un archivo a la espera de un lector. Y ese lector existió.
Hace apenas unos meses, ante un pedido formal de acceso a la información, esta Universidad respondió en el plazo legal y compartió los convenios celebrados con entidades públicas y privadas. El propio medio que hoy habla de opacidad reconoció haberlos recibido en su edición del 3 de noviembre de 2024, y los publicó por semanas, con expedientes, fechas y montos. Lo que ahora se presenta como escondido fue, no hace mucho, materia de primera plana. Una institución no puede estar al mismo tiempo en las sombras y en la tapa. Se dirá que en alguna ocasión la Universidad hizo uso del plazo adicional que la ley prevé para pedidos voluminosos. Es cierto, y lo reivindico. Emplear el término que la norma concede no es ocultar, es respetar el procedimiento que hace posible la verificación. La transparencia se aprueba en el cumplimiento, no en la prisa.
Ese contraste revela algo más incómodo que una contradicción de fechas. Revela una renuncia. Hubo un tiempo en que informar sobre la Universidad exigía consultar el registro, cotejar cifras, contrastar con los protagonistas; ese trabajo, siempre paciente, que alguna vez se llamó investigación. Cuando ese esfuerzo se abandona más que un hueco, queda un sustituto más barato, el título que grita para disimular que ya no tiene nada que revelar. Insinuar lo que no se ha probado es infligir el daño de un cargo sin asumir el deber de sostenerlo. El amarillo de un titular no es, entonces, un exceso de temperamento. El señuelo es lo que se pone donde antes hubo un hallazgo, y donde debió haber, cuando el hallazgo faltaba, el simple pudor de callar.
Podría objetárseme que un funcionario universitario oficia de juez y parte, y que su palabra sobre la propia transparencia vale poco. La objeción es justa, y por eso no invoco nuestra palabra sino la de quienes no nos deben ninguna simpatía. La Agencia de Acceso a la Información Pública depende del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del gobierno que mantiene con la universidad pública un conflicto que no necesita presentación. Ese organismo evaluó a más de doscientas dependencias del Estado midiendo con especial énfasis presupuesto, compras, contrataciones e informes de auditorías, ubicó a esta Universidad octava en el país, con 95,7 puntos sobre 100, por encima del Ministerio de Economía y de la Sindicatura General de la Nación; en la medición siguiente subió a 96,5. Cifras que el propio medio publicó en junio de 2025. Cuando el adversario certifica, el elogio pesa doble.
Conviene preguntarse, entonces, cómo se fabrica sin pruebas la apariencia de un escándalo. Se reúne bajo un mismo título aquello que no guarda relación. Se ha tratado de formar opinión sobre nuestra casa con asuntos que son competencia del Municipio y no de la Universidad, conflictos por el espacio público, episodios de violencia; y, deslizada entre ellos, la Universidad. Se deja que la vecindad haga el trabajo que la prueba no puede hacer. La institución aparece en la misma frase que la violencia, y el lector completa, solo, el razonamiento que nadie se anima a firmar. Eso se llama insinuación, manifestado en el recurso de quien acusa sin cargar con la prueba y el atajo de quien ya no está dispuesto a investigar. Que la única voz concreta de todo el relato sea una persona que se negó a identificarse, y que ni siquiera pertenece a la Universidad, termina de exhibir la operación.
Queda, al final, lo esencial. Una universidad es una institución consagrada a producir conocimiento verificable y a enseñar la distinción, hoy tan descuidada, entre la afirmación fundada y la conjetura. No podríamos, sin traicionar lo que somos, responder a la sospecha con otra sospecha. Respondemos con lo único que nos corresponde. La información está publicada; el procedimiento, abierto. A quien albergue una duda no le pedimos que nos crea. Le pedimos que no nos crea hasta haberlo comprobado. Y esa invitación no está reservada a quien escribe en un diario. Pertenece a cada vecino, estudiante, docente, Nodocente y contribuyente que sostiene esta Universidad. El portal https://transparencia.unlp.edu.ar está abierto a cualquier hora, sin permiso y sin justificar interés. Allí reside la verdadera línea divisoria entre una institución que invita a comprobar lo que afirma y una forma de comunicar que, habiendo olvidado cómo se investiga, ya sólo sabe sugerir. La transparencia no teme la pregunta. Teme que no se la formule, y que en su lugar se prefiera la comodidad de la insinuación.
(*) Prosecretario de Legal y Técnica
Fuente: Universidad Nacional de La Plata